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Pobreza y protección social
Agiliza Sevilla: Cuando acceder a una prestación se convierte en una carrera de obstáculos
El proyecto Agiliza Sevilla analiza las barreras que dificultan el acceso a prestaciones sociales y propone soluciones para reducir el non-take-up. Un estudio impulsado por Impact Lab y el Ayuntamiento de Sevilla.

Proyecto Agiliza: El caso de Sevilla
El acceso a una prestación social debería ser el último paso de una política pública, no el inicio de una carrera de obstáculos. Sin embargo, para muchas familias conseguir una ayuda económica, una prestación o un recurso social implica recorrer un proceso largo, complejo y, en ocasiones, desalentador.
Esta es una de las principales conclusiones del diagnóstico cualitativo realizado en el marco del programa “Agiliza Sevilla: Diagnóstico e iteración del modelo para la reducción del non-take up” implementado a partir de la subvención otorgada por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Es un proyecto desarrollado por Impact, el Laboratorio de Innovación de Save the Children junto al Ayuntamiento de Sevilla, que ha investigado por qué muchas personas no llegan a acceder a prestaciones a las que podrían tener derecho.
El proyecto parte de los aprendizajes generados por el modelo Agiliza, previamente implementado por Impact en Catalunya en el 2025, una intervención que combina acompañamiento presencial y apoyo tecnológico para facilitar el acceso a prestaciones sociales. En esta nueva fase, el objetivo no es aplicar directamente el mismo programa, sino analizar en profundidad las barreras existentes en Sevilla, ajustar el modelo al contexto institucional y operativo del municipio y explorar su posible articulación con herramientas del sistema público de servicios sociales, especialmente la Historia Social Única Electrónica (HSUe) y sus módulos ProgreSSa y CoheSSiona.
Los resultados apuntan a una realidad que va más allá del desconocimiento de las ayudas y de la falta de información: el fenómeno del non-take-up responde a la acumulación de barreras administrativas, digitales, documentales, institucionales, relacionales y emocionales que dificultan el ejercicio efectivo de los derechos sociales.
¿Qué es el non-take-up y por qué importa?
El non-take-up describe la situación en la que una persona o familia cumple los requisitos para recibir una prestación, pero, debido a diferentes causas y barreras, no llega a acceder a ella.
Comprender este fenómeno es especialmente importante porque pone de manifiesto que la existencia de una ayuda no garantiza por sí sola que llegue a quienes más la necesitan. El acceso efectivo depende también de la capacidad de las personas para navegar procedimientos complejos y sostener procesos administrativos que pueden prolongarse mucho en el tiempo.
Para analizar esta realidad, el proyecto llevó a cabo seis entrevistas con profesionales y dos grupos focales con familias de Sevilla, incorporando tanto la perspectiva institucional, como profesional y la experiencia directa de quienes intentan acceder a las ayudas.
Seis barreras que dificultan el acceso a las prestaciones sociales
Los resultados muestran que el acceso a prestaciones no depende solo de conocer su existencia, sino de poder orientarse en un recorrido complejo, reunir documentación, manejar canales digitales, comprender las respuestas administrativas y contar con apoyos durante el proceso. El diagnóstico identifica seis barreras principales.
- 1. Un sistema difícil de entender
- El estudio concluye que muchas familias no viven el acceso a prestaciones como un trámite sencillo, sino como un recorrido fragmentado compuesto por múltiples organismos, derivaciones y pasos intermedios.
- Con frecuencia, conocer una ayuda no implica saber quién la gestiona, dónde solicitarla o qué documentación es necesaria. Esto provoca que muchas personas dependan de familiares, entidades sociales, centros educativos o redes informales para orientarse.
- 2. La documentación se convierte en una barrera
- Uno de los hallazgos más consistentes del estudio es el peso que tiene la documentación en todo el proceso. Las familias deben acreditar repetidamente su situación económica, laboral, familiar o administrativa mediante numerosos certificados y justificantes.
- Además, los requerimientos suelen producirse en distintas fases de la tramitación, generando nuevas solicitudes de información y procesos de subsanación que dificultan la continuidad del expediente. Como resume una de las conclusiones del informe, la documentación deja de ser un simple requisito administrativo para convertirse en un auténtico filtro de acceso.
- 3. La brecha digital sigue generando exclusión
- Uno de los hallazgos más consistentes del estudio es el peso que tiene la documentación en todo el proceso. Las familias deben acreditar repetidamente su situación económica, laboral, familiar o administrativa mediante numerosos certificados y justificantes.
- Además, los requerimientos suelen producirse en distintas fases de la tramitación, generando nuevas solicitudes de información y procesos de subsanación que dificultan la continuidad del expediente. Como resume una de las conclusiones del informe, la documentación deja de ser un simple requisito administrativo para convertirse en un auténtico filtro de acceso.
- 4. Falta de coordinación institucional
- Las ayudas sociales implican la participación de múltiples administraciones y organismos: servicios sociales municipales, Seguridad Social, Junta de Andalucía, SEPE, entidades sociales, centros educativos y servicios especializados, entre otros.
- Esta complejidad institucional se traduce a menudo en derivaciones, información contradictoria y falta de claridad sobre quién es responsable de resolver cada problema. El resultado es una experiencia percibida por muchas familias como confusa e imprevisible
- 5. El acompañamiento humano marca la diferencia
- Si hay un elemento que aparece de forma transversal en todo el diagnóstico es la importancia del acompañamiento. Trabajadoras sociales, entidades sociales, centros educativos, conocidos y redes comunitarias desempeñan un papel fundamental para explicar procedimientos, reunir documentación, solicitar citas, resolver incidencias y mantener el seguimiento de los expedientes.
- El acceso efectivo se sostiene así sobre una red de apoyos que no siempre forma parte formal del procedimiento. Las familias que cuentan con estas redes tienen más capacidad para avanzar. Quienes conocen a alguien que ya ha solicitado una ayuda, están vinculadas a una entidad o encuentran a un profesional que explica bien el proceso pueden sostener mejor los trámites. Por el contrario, quienes carecen de estas referencias dependen más de su propia capacidad para navegar un sistema fragmentado.
- El informe concluye que el acompañamiento no es un apoyo complementario, sino una condición necesaria para que muchas familias puedan acceder a las prestaciones. En muchas ocasiones, ese acompañamiento supone traducir, ordenar e interpretar el sistema de ayudas.
- 6. El acceso a derechos también tiene una dimensión emocional
- La investigación identifica emociones como la vergüenza, la frustración, el miedo a equivocarse, la desconfianza o el cansancio como factores que influyen directamente en la continuidad de los procesos. Estas emociones pueden hacer que una familia abandone un trámite con la misma intensidad que una barrera documental o digital. Por ello, mejorar el acceso a las prestaciones implica también mejorar la experiencia de relación entre ciudadanía e instituciones.
Tecnología sí, pero al servicio de las personas
Tras identificar estas barreras, el proyecto analizó cómo herramientas como la Historia Social Única Electrónica (HSUe) y sus sistemas asociados, CoheSSiona y ProgreSSa, podrían contribuir a reducir el non-take-up. El análisis concluye que estas plataformas ya disponen de capacidades especialmente valiosas para:
- Reutilizar información que ya obra en poder de la administración
- Reducir la duplicidad de documentos y entrevistas
- Compartir información entre servicios y profesionales
- Facilitar la trazabilidad de los expedientes
- Mejorar la interoperabilidad entre administraciones.
Especialmente prometedoras son las funcionalidades vinculadas al uso del identificador único NIHSA, la gestión integral del expediente y el intercambio de información entre sistemas.
Sin embargo, el estudio también advierte de que ninguna herramienta tecnológica puede resolver por sí sola todas las barreras identificadas. La coordinación institucional, el lenguaje claro, el acompañamiento o determinadas reformas normativas requieren decisiones organizativas y políticas que van más allá de la tecnología.
Hacia un modelo más accesible y centrado en las personas
El análisis realizado en el marco de Agiliza Sevilla concluye que el reto no consiste únicamente en informar mejor sobre las ayudas existentes, sino en simplificar el camino que las personas deben recorrer para acceder a ellas.
La existencia formal de itinerarios y procedimientos no siempre tiene una utilidad clara ni alcanza sus objetivos. La falta de acceso se debe a una acumulación de barreras y dependencias sostenidas en el tiempo que acaban derivando en un incremento de la necesidad de ayuda personal, que muchas veces depende de si las propias personas solicitantes tienen redes personales que puedan apoyarles.
Reducir el non-take-up exige combinar innovación tecnológica, simplificación administrativa, coordinación institucional y acompañamiento humano. Solo desde esta visión integral será posible construir sistemas de protección social más accesibles, eficientes y capaces de garantizar que los derechos lleguen efectivamente a quienes más los necesitan.

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